Javier Milei anunció que vetará la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso

El presidente avaló las declaraciones del Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien habló sobre el futuro de la ley que se aprobó anoche en el Senado

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó anoche en el Senado. Lo aseguró al avalar las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien denunció que la medida tiene artículos que son “populismo legislativo”. “Veto total”, expresó en sus redes sociales.

Durante una entrevista radial, Álvarez fue consultado por la ley que aprobó el Senado y expresó: “Ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar”. “El proyecto tiene dos partes, una parte que es sobre los gastos de funcionamiento, que es abstracto porque eso ya está equilibrado, digamos los gastos de funcionamiento de las universidades recibieron 270% de aumento, que era lo que pedía el CIN. Y además la Universidad de Buenos Aires tiene aparte del resto del sistema, un aporte especial que hace el Estado al mantenimiento de los hospitales que está por fuera de los gastos de funcionamiento. O sea, tiene un refuerzo particular para el mantenimiento de los hospitales. Y eso se está pagando. Este puntualmente”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

Milei ratificó el veto

En ese sentido, dijo que “Es bueno recordar que en gestiones anteriores tenían atrasos de hasta cuatro meses en el pago de este tipo de fondos que son esenciales para el funcionamiento. Porque es el pago de la luz de los servicios de la para el funcionamiento normal de los de los edificios. Eso está al día, se paga este sin demora y tiene el aumento. Por lo tanto, el artículo es abstracto”.

“Para mí el artículo más problemático y que es de populismo legislativo, que es el artículo sobre actualización de los salarios, está técnicamente tiene un montón de problemas. Primero, no se entiende desde cuándo es la actualización. Nosotros haciendo números, suponiendo que fuese desde diciembre, estaríamos hablando de 1.2 billones, lo cual es completamente inviable. Pero además tiene dos problemas de técnica legislativa difíciles de subsanar. El primero que viola Ley de Administración Financiera porque no prevé el origen de los fondos para ese incremento. Y el segundo, que se entromete en la ley que regula las las paritarias. Porque acá hay una paritaria abierta que nosotros venimos teniendo con los sindicatos, donde se han este ido actualizando los salarios. No es que no se han actualizado, los salarios se han ido actualizando paulatinamente”, agregó.

El pleno del Senado durante la sesión de este jueves (Fotos: Sebastián Alonso)

Anoche, el Senado aprobó la ley de Financiamiento Universitario con 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios. De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.