Después de 7 años llega a juicio la estafa al Pami con remedios para diabéticos en Santiago del Estero
La defraudación al Pami de $ 20 millones con recetas y troqueles falso. La organización habría “alzado” millones falsificando recetas y troqueles para pacientes diabéticos. Así, obtuvo gratuitamente insulina y tiras reactivas. Participaron conocidos empresarios de Santiago.
El entramado de una presunta defraudación cercana a los $ 20.000.000 con el Pami comenzará a ventilarse en juicio desde el 20 de abril y estarán sentados en el banquillo 11 imputados, entre empleados de farmacias, farmacéuticos, agentes externos y empresarios.
El vocal Abelardo Basbús tendrá a su cargo un juicio unipersonal. La fiscal Indiana Garzón investiga a una presunta organización que habría obtenido millones en falsificación de recetas y troqueles para pacientes diabéticos, para obtener gratuitamente insulina y tiras reactivas.
En su momento fueron detenidos Augusto Javier Petros, residente encalle Independencia al 600, quien sería farmacéutico y dueño de la farmacia Centro Sur; María Florencia Montes, farmacéutica, que trabaja en la farmacia Catedral I de calle Independencia 94; Juan Pablo Córdoba con domicilio en avenida Colón al 5.100 del barrio Ejército Argentino y Ricardo Cardozo domiciliado en el barrio Borges 2ª Ampliación -ambos empleados de la farmacia Catedral; Dalma Díaz Gattoni, ex empleada de la farmacia Catedral, ahora trabaja en otra farmacia de calle Moreno; Raúl Bravo con domicilio en calle Obispo Suárez de Castilla del barrio Ejército Argentino; Gustavo Pani quien sería farmacéutico y se desempeña en el farmacia Catedral III ubicada en Tucumán 105 y María de los Ángeles Luna quien sería farmacéutica y trabaja en la farmacia Catedral IV de Libertad 598. También se sumaron los nombres de Walter Rago y un hombre de apellido Sanchez.
Finalmente fue detenido Cristian Fernando Leyría, señalado como el cabecilla de la millonaria defraudación al Pami que era intensamente buscado en la provincia de Córdoba.
De acuerdo a las primeras informaciones, Leyría fue atrapado en un country, con planchas con cientos de troqueles, cheques y dinero en efectivo (tanto pesos como dólares).
El procedimiento para su captura fue llevado adelante por miembros de la Uesprojud (unidad de Gendarmería), luego de un arduo proceso de investigación.
En tanto, en la ciudad de Loreto, fue apresado Fermín Alejandro Peralta, funcionario de la delegación del Pami de dicha ciudad.
Al escándalo siguió una investigación en el 2016. Todo arrancó en la UFI Pami de Procuraduría de la Nación. Urgente, el juez federal Guillermo Molinari ordenó allanamientos en 16 farmacias, en distintos puntos de Santiago del Estero, y el listado fue remitido a la Unidad Fiscal Pami en Buenos Aires.
Según la Fiscalía, el delito se encuadraría en un negociado con pacientes diabéticos. El Pami tiene una cobertura del 100% del costo de medicamentos para esos pacientes. Ergo, los fármacos eran retirados gratuitamente por los imputados. Luego, éstos se habrían enriquecido vendiéndolos en el mercado negro y con la facturación a la obra social de los jubilados superior a los $ 20.000.000.
Ya con el ardid judicializado fueron refrendados oficios y procedimientos hacia Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Una de las maniobras delictivas habría sido incluir como beneficiarios a pacientes diabéticos ya fallecidos.
En la práctica, los cerebros y ejecutores adquirían costosos medicamentos para diabéticos, empleando carnés de afiliados fallecidos o documentación apócrifa. La insulina y otras medicinas eran facturadas por farmacias locales a la obra social, pero los medicamentos, comercializados luego en otras provincias en mercados paralelos.
Los cimbronazos llegaron a Tucumán. La Fiscalía requirió a la Justicia Federal de la vecina provincia, exhorto mediante, remitir los recetarios de una farmacia en donde se retiraron remedios para diabéticos con órdenes autorizadas por un profesional santiagueño.
Informe revelador
Dentro del proceso, trascendió que los informes de los organismos desnudaron operaciones por varios millones, siempre en ese “rubro”.
Los voceros indicaron que el abogado Lucas Vieyra, quien asiste a un empleado farmacéutico, requirió un aplazamiento, pero hasta anoche la fecha continuaba inalterable.
Los voceros estiman que el juicio se extenderá largas semanas, dado a los testigos y expertos que declararán en el Juzgado Federal.