Lavado de activos: Diputados dio media sanción a la reforma de la ley impulsada por el Frente de Todos

Los tres integrantes de Patria Grande no acompañaron el proyecto oficialista por estar “lejos de las prioridades de la gente”. El PRO, que había firmado el dictamen de mayoría, cambió su postura y rechazó la iniciativa. Al inicio de la sesión se aprobó por unanimidad el proyecto de acompañamiento a familias con niños con Síndrome de Down

Diputados dio media sanción hoy -con 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones– al proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La sanción de este proyecto es clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

Entre sus principales puntos propone que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Por otro lado, se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas), a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Durante el debate en comisión, el PRO firmó con disidencias el dictamen de mayoría del Frente de Todos. Por su parte, el Interbloque Federal, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución firmaron un dictamen de minoría.

El punto central del dictamen opositor señalaba que el presidente y el vicepresidente de la Unidad de Información Financiera deben ser “seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad-hoc”, integrada por dos ministros de la Corte Suprema, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos funcionarios del Ministerio Público, un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y un funcionario de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central.

“Ustedes no quieren incorporar una de las 40 recomendaciones del GAFI, pero es la clave. Es la 29, que habla de la autonomía de la UIF y señala que no debe tener interferencias políticas”, dijo Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Y agregó: “A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Nosotros no vamos a negociar la autonomía de la UIF”.

A modo de ejemplo, el diputado Juan Manuel López, también de la CC, enumeró diferentes causas, como Hotesur, Amado Boudou, Ruta del dinero K, Cuadernos y Vialidad, donde por presiones políticas la UIF desistió de ser querellante o decidió no apelar fallos adversos.

En la previa de la sesión, Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, cargó contra la oposición porque no habrían respetado los términos negociados en la comisión. Según explicó a Infobae, el diputado Pablo Tonelli fue el encargado de proponer modificaciones en representación de toda la coalición opositora; sin embargo, luego los bloques de Evolución y la UCR decidieron no firmar el dictamen. Ante la consulta de Infobae, desde estas fuerzas negaron ese acuerdo.

“Me definieron interlocuciones para poder avanzar en el consenso. Llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política en Argentina hace que los acuerdos duren poco. Escuchamos todos los aportes, introdujimos más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques. No se pudo, pero no fue por falta de generosidad por los diputados del Frente de Todos que negociaron, ni por la mala fe de los opositores que se decidieron a transitar el camino de la búsqueda de consensos”, dijo durante su discurso.

Finalmente, ante las presiones de la coalición para votar de forma unificada, el PRO cambió su postura y rechazó el proyecto. Por eso, el proyecto fue aprobado en general con una escueta mayoría simple. “Lamentablemente sigue predominando la lógica de diferenciarnos del otro”, protestó Martínez.

Desde Juntos por el Cambio pidieron la votación en particular de varios artículos para insistir con algunas modificaciones sobre los puntos cuestionados. Pero no tuvieron los votos necesarios para imponerlas. Ante la consulta de Infobae, desde el radicalismo explicaron que votaron de esa forma para dejar sentado que apoyaban los artículos pedidos por el GAFI, pero rechazaban los relacionados con la independencia de la UIF.