Renunció la jueza Valeria Brand en Tucumán antes de enfrentar siete pedidos de juicio político
Estaba a cargo del Juzgado de Familia y Sucesiones: intervino en los casos Brisa y Rocío, como en la denuncia por abuso sexual contra Rodolfo Tercero Burgos. Días atrás familiares de víctimas marcharon para pedir su destitución y fue acusada de dejar niños “desamparados ante sus abusadores”.
La jueza Valeria Brand presentó su renuncia al Juzgado de Familias y Sucesiones de la V° Nominación del Centro Judicial de la Capital: enfrentaba siete pedidos de juicio político y días atrás familiares de víctimas marcharon a la Legislatura de Tucumán a exigir su destitución, y fue acusada de dejar niños “desamparados ante sus abusadores” e impulsar una “cacería humana” de un padre que protegía a su hija. Intervino en los casos Brisa y Rocío, como en la denuncia por abuso sexual contra Rodolfo Tercero Burgos.
La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán había decidido por unanimidad abrir el proceso de destitución de la jueza Brand para investigar su desempeño en cuatro casos en los cuales, según los denunciantes, “la jueza en vez de proteger a las niñas y niños, los maltrató, los dejó desamparados ante sus abusadores y, en el caso más grave, dictó una resolución quitándole el cuidado al padre que la criaba a la nena desde su nacimiento, para entregarla a sus violadores”.
“En los cuatro casos la jueza Valeria Brand siguió un mismo patrón de conducta, que pone en evidencia un absoluto desprecio por la integridad sexual, física, emocional y psicológica de los niños y niñas“, indicaron tras la movilización, que contó con el respaldo de organizaciones sociales y feministas como Concepción Feminista y la Fundación Crecer en Familia.
En los casos conocidos como Brisa y Rocío -nombres ficticios con el que se conoce a las víctimas- los denunciantes afirman que “la jueza Valeria Brand, en vez de proteger a las niñas y a sus hermanitos, utilizó todo el aparato estatal para revictimizarlas y atormentarlas”.
De las causas penales se desprende que a Brisa la abusó sexualmente su propia madre y su novio, cuando la niña tenía 4 años. A Rocío la abusó su tío materno cuando tenía entre sus 5 y 10 años, y su madre está acusada de encubrir los abusos.
En el caso de Brisa, dictó una resolución para sacarla del cuidado de su papá -que la criaba solo desde los 8 meses de vida porque su madre la había abandonado- con el objeto de entregarla a su madre y su pareja, luego acusados de los abusos.
Ante la oposición del Papá de Brisa, la jueza impulsó “una verdadera cacería humana por desobediencia judicial”, aseguraron: en 10 días se llevaron adelante 16 allanamientos “para “cazar” a la niña y meter preso a su papá que la estaba protegiendo con alma y vida“.
“Para evitar que Brisa sea entregada a los violadores, su papá estuvo escondido con Brisa durante 10 días a la intemperie en los cerros tucumanos, hasta que intervino la Cámara de Familia y detuvo esta cacería humana. La madre y la pareja de ella, tienen requerimiento de elevación a juicio por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Brisa, agravado por el vínculo y por la intervención de dos personas”, señalaron los denunciantes.
Además, subrayaron que “en el caso de “Rocío”, sabiendo la jueza que el abusador estaba libre y que la madre concurría a la casa de él -según las constancias del expediente-, mantuvo a los hermanitos más chicos de “Rocío” (de 3 y 7 años) en situación de vulnerabilidad y desamparo al impedir -durante casi dos años- que el Papá de los niños los cuidara a pesar de sus ruegos y el peligro en que estaban por estar el abusador libre como lo destacara una psicóloga en el expediente”.
Según los denunciantes, “en los cuatro casos, la jueza descalificó la palabra de los niños y los revictimizó con reiteradas intervenciones judiciales a pesar que los psicólogos de los menores las desaconsejaban por el delicado estado psíquico y emocional que estaban atravesando”.
“Una jueza que en vez de proteger a niñas víctimas de abuso sexual, no solo las revictimiza, sino que las entrega a sus violadores o las mantiene en situación de desamparo; una jueza que maltrata a nuestros hijos, ocasionándoles graves daños psicológicos y físicos -como el ataque de pánico y la parálisis facial que sufrió M. luego de la audiencia- no solo no puede ser jueza, sino que debería ser investigada judicialmente”, aseveraron los denunciantes.
“Los niños y niñas de la provincia están en peligro con una jueza así. Tucumán tiene que alzar la voz en defensa de sus niños y niñas”, finalizaron los denunciantes.
La magistrada fue denunciada también en una causa contra Rodolfo Tercero Burgos, actual directivo de Canal 10 que se encuentra en las puertas del juicio por el abuso sexual de su hija menor.
El abogado Gustavo Morales, abogado de Marina Moris -expareja de Burgos y madre de la menor- sostuvo meses atrás que los miembros de la comisión de juicio político de la Legislatura “se dieron cuenta que Brandt tiene los mismos patrones de conducta: siempre está del lado del padre abusador, golpeador“.
En abril del 2022, Moris narró que debió soportar una sentencia de la jueza Brand, que ordenó revincular a su hijita con quien la menor evidenciaba “indicadores de angustia, temor, inseguridad y tensión interna” a partir de una figura paterna calificada como “hostil, amenazante y muy temida”, según el propio organismo judicial encargado de velar por la menor.
La pericia a la menor fue realizada por la psicóloga del Poder Judicial, licenciada Mabel Martínez, tres meses y 19 días antes de que la madre de la pequeña denuncie a Burgos ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) por el abuso sexual de la pequeña.
Esta pericia psicológica alertaba la jueza Brandt el 29 de marzo de 2021, sobre los riesgos de una revinculación de Rodolfo Tercero Burgos con su hija menor, hoy víctima de abuso sexual infantil.
El reencuentro obligado entre Burgos y su hijita ordenado por Brandt, y ratificado por la camarista Ester Valderrábano de Casas, tuvo lugar durante los meses de junio y julio de 2021. Sincrónicamente, en ese mismo lapso de revinculación forzada judicialmente, la menor experimenta cambios de conducta violentos.
En junio del año pasado, la fiscalía a cargo de Fernando Blanno acreditó el delito en contra de la menor, que por ese entonces tenía 3 años: “En relación al planteo de ampliación de la imputación a los fines de encuadrar los hechos en el delito de ‘Corrupción de Menores’, cabe señalar que, a criterio de esta acusación, los hechos atribuidos al imputado Burgos Rodolfo se encuentran adecuadamente intimados de acuerdo a las pruebas incorporadas, especialmente, la declaración testimonial de la víctima realizada a través de Cámara Gesell. Que dicho episodio lícito encuadra, prima facie, en el delito de ‘Abuso sexual agravado’, ello sin perjuicio de la probable variación posterior de la situación”, decretó el funcionario judicial.
En diciembre de 2022, Raúl Armando Cardozo, Juez de Instrucción Penal de la IV Nominación del Centro Judicial Capital decidió disponer la elevación a juicio oral y público contra Burgos, que en abril de ese año fue imputado por abuso sexual.
Fuente: eltucumano